Hacia una ética jurídica ciberespacial

No es este el lugar para una consideración detenida en pormenores sobre las múltiples implicaciones económicas, culturales, sociales y políticas que se derivan de ese ciberespacio cuya navegación y conquista ha hecho posible Internet. Las consecuencias que pueden derivarse de esa forma de comunicación humana en soporte informático son imprevisibles y, a veces, paradójicas. Puede darse la circunstancia de que el máximo desarrollo de la comunicación tecnológica implique simultáneamente un empobrecimiento de las formas de comunicación tradicionales. Suele aducirse, para corroborar esos riesgos, la anécdota de un foro de "cibernautas" que concertaron un encuentro personal para reforzar sus contactos iniciados a través de Internet. La reunión fue un completo fracaso por las dificultades para establecer un diálogo interpersonal; la comunicación sólo se hizo de nuevo fluida cuando cada uno de los cibernautas la reemprendió desde su pantalla de ordenador.

No obstante, esta reflexión pecaría de un exceso de pesimismo si no reconociese las posibilidades de una renovación de los valores cívicos que puede promover Internet. En el área francófona se ha utilizado la expresión "Netiquette ", es decir, "ética de la Net (red)", para aludir a las reglas deontológicas que deben presidir la utilización de Internet. Se trata de normas o programas éticos dirigidos a evitar las conductas perturbadoras realizadas por los cibernautas y para prevenir cualquier actividad que perjudique el normal funcionamiento de la red (Piette-Coudol y Bertrand, 1997).

Las redes de telecomunicaciones pueden conducir a una nueva ética "ciberespacial", que genere y estimule actitudes de conciencia colectiva sobre el respeto de las libertades y de los bienes amenazados por una utilización indebida del ciberespacio, y contribuir a la formación de vínculos solidarios para la prevención de los crímenes informáticos y la ayuda a su descubrimiento. La difusión capilar de las redes comunicativas puede conducir a la producción de reglas jurídicas consuetudinarias sobre su uso, en las que la dimensión coactiva de las normas basada en la autoridad de un poder centralizado, deje paso a códigos de conducta cuya eficacia se base en la convicción de los usuarios y en su responsabilidad solidaria (Colom y Van Bolhuis,1995; Forester, y Morrison, 1990).