La Procuraduría General de la República (PGR) abandonó las investigaciones contra los cinco que permanecen en el penal de “El Altiplano” en el Estado de México, acusados en el 2012 de supuestos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva, desde mucho antes de presentar el oficio de conclusiones no acusatorias, reveló el abogado Gabriel Baeza.
Tras confirmar el desistimiento de las acusaciones penales que la PGR había presentado contra los Generales Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, del Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del Mayor Iván Reyna Muñoz, Baeza Montemayor explicó que la libertad de los militares podría darse a más tardar mañana viernes.
“Lo que realiza la PGR es atender a la verdad de los hechos y considerando la probable existencia de un revés en su contra, prefiere desistirse”, dijo.
Agregó que solo falta la ratificación de las conclusiones no acusatorias por parte del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, documento que deberá ser entregado al Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, en las próximas horas, “si es que la agenda del Procurador así se lo permite”.
“Tenemos confirmado que ya está presentado el oficio, yo consideró que no estarán notificando en la tarde-noche del acuerdo, para que el día de mañana, dependiendo de la agenda del señor Procurador proceda a hacer la ratificaciones de las conclusiones no acusatorias y obtengamos la libertad de esta gente el día de mañana”, manifestó el abogado.
Reconoció que aún no conoce los argumentos presentados por la PGR para desistirse de las imputaciones contra sus dos clientes del caso, el Teniente Coronel Hernández Soto y el Mayor Reyna Muñoz, pero destacó que las declaraciones del testigo protegido “Jennifer” jamás correspondieron en modo y lugar con la vida diaria y las actuaciones de ambos militares.
Dijo que en el caso del Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, el día de la supuesta reunión con “Jennifer” se encontraba trabajando en una empresa de seguridad privada, mientras que el mayor Iván Reyna se encontraba asignado a una guarnición militar en Querétaro en lugar de residir en Cuernavaca, Morelos, como señaló la PGR apoyada solamente en los testimonios de los testigos colaboradores.
“Todos los abogados que hemos intervenido en las diligencias hemos presentado pruebas contundentes que acreditan nuestros clientes no tienen ninguna relación con los hechos, no se acreditan ni el modo, ni el tiempo ni el lugar de las acusaciones y las referencias por parte los testigos colaboradores”, sentenció.
La averiguación previa contra los mandos militares fue avalada y orquestada por la ex Procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, por lo que en mayo del 2012 fueron detenidos cuatro generales, un teniente coronel y un mayor del Ejército Mexicano.
Todos ellos fueron acusados de supuestos vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva tras las declaraciones rendidas los testigos colaboradores de la PGR, “Jennifer”, cuya verdadera identidad es la del abogado Roberto López Nájera, y “Mateo”, nombre clave que corresponde al narcotraficante confeso, Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”.
Ambos testigos manifestaron que los militares sostuvieron reuniones con el capo del Cártel de los Beltrán Leyva, Edgar Valdéz Villarreal, alias “La Barbie”, para dar protección a los cargamentos de droga que esa organización delictiva traía a México desde Centro y Sudamérica.
Sin embargo, el propio Valdez Villarreal desconoció dichos encuentros y posteriormente la PGR reconoció que no contaba con pruebas adicionales para probar los dichos de ambos testigos, por lo que el principal acusado de esta investigación, el General Tomás Ángeles Dauahare fue liberado el pasado mes de abril.
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